El alcalde advierte un fuerte impacto en las finanzas municipales y solicita al Gobierno Nacional compensar el déficit generado por la emergencia climática.
Las inundaciones que mantienen bajo el agua 39.000 hectáreas de Montería no solo han dejado miles de damnificados, sino también un hueco fiscal millonario. La administración municipal proyecta una reducción de 12 mil millones de pesos en el recaudo del impuesto predial, un golpe directo a las finanzas locales en medio de la emergencia.
El anuncio fue realizado por el alcalde Hugo Kerguelén García durante una reunión con miembros del Gobierno Nacional, en la que expuso la magnitud del impacto económico que enfrenta la capital cordobesa sin recaudo del impuesto predial.
Según explicó el mandatario, el 13 % del territorio municipal —equivalente a 39.000 hectáreas— permanece inundado, lo que imposibilita el cobro del impuesto predial en esas zonas. “Para ustedes puede que no sean recursos sustanciales, pero para nosotros es toda la plata del mundo”, expresó ante funcionarios nacionales, al referirse al déficit proyectado.
La situación fiscal se suma a un panorama social complejo: 14.752 familias afectadas, 3.667 pequeños productores impactados y 102 instituciones educativas con daños en su infraestructura, cifras que agravan la presión sobre el presupuesto municipal.
Ante este escenario, el alcalde solicitó formalmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que el Gobierno Nacional asuma la compensación de los recursos que no podrán recaudarse por concepto de predial en las áreas anegadas. Asimismo, pidió autorización para acceder a créditos de tesorería que permitan mantener la liquidez del municipio y solicitó el traslado de rentas con destinación específica, lo que podría liberar cerca de 50 mil millones de pesos para atender necesidades urgentes.
Kerguelén advirtió que el panorama climático seguirá siendo desafiante, con nuevas lluvias pronosticadas entre el 22 y el 25 de febrero y apenas una breve tregua prevista para marzo. La administración municipal insiste en que, sin respaldo financiero extraordinario, la capacidad de respuesta frente a la emergencia podría verse seriamente comprometida.
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