Una fuerte tensión legal y social se vive en la zona rural del corregimiento de Martínez. La comunidad de La Ceibita Nro. 3, respaldada por la Veeduría Departamental, ha radicado un derecho de petición formal ante la empresa Aqualia, exigiendo la revocatoria del cobro de facturas por un servicio de acueducto que, según denuncian, no reciben desde septiembre de 2025.
El clamor ciudadano: “Cobros por lo no debido”
El documento, liderado por el coordinador de la veeduría, Eduardo Burgos Morales, es tajante: más de 100 familias vulnerables estarían siendo víctimas de un “abuso descarado de posición dominante”. La comunidad sostiene que, ante la falta de suministro por red, deben destinar sus escasos recursos para comprar agua a carrotanques privados.
“Es insólito y descarado que se notifiquen facturas de pago por lo no debido, donde no hubo ni existe provisión de agua potable”, reza la petición.
La queja no solo se limita a la falta de líquido, sino al presunto incumplimiento de compromisos adquiridos por la empresa desde 2020 ante la Superintendencia de Servicios Públicos, los cuales incluían el cambio de infraestructura obsoleta y el control de conexiones irregulares en fincas con piscinas y negocios piscícolas que dejan sin presión al resto de los habitantes.
La veeduría basa su solicitud en la Ley 142 de 1994 y jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual prohíbe a las empresas cobrar cargos fijos o consumos cuando el servicio no ha sido efectivamente prestado. Bajo esta premisa, solicitan formalmente:
- Revocar el cobro de las facturas emitidas entre septiembre de 2025 y abril de 2026.
- Investigar a fondo la omisión en la prestación del servicio mediante pruebas testimoniales de los vecinos afectados.
La respuesta de Aqualia: “Conexiones irregulares afectan la red”
Tras la radicación del recurso el pasado 8 de abril, la empresa Aqualia emitió un pronunciamiento oficial para dar “un parte de tranquilidad” a los usuarios y confirmar que ya se encuentran analizando los puntos de la reclamación dentro de los términos legales.
La compañía informó que desplazó personal técnico y de gestión social a La Ceibita Nro. 3 para realizar un diagnóstico en terreno. Según los primeros hallazgos de la empresa, el problema de presión y continuidad tiene una causa externa identificada:
- Detección de irregularidades: La empresa señaló haber identificado conexiones no autorizadas que afectan directamente el flujo de agua hacia la zona.
- Brigadas de normalización: Como solución inmediata, anunciaron jornadas para regularizar a los usuarios y garantizar una distribución equitativa del líquido.
- Mantenimiento: Aqualia reafirmó que mantiene monitoreos constantes y planes de mantenimiento preventivo para asegurar la calidad del servicio en el municipio de Cereté.
Un conflicto en espera de resolución
Mientras la empresa atribuye las fallas a las conexiones irregulares de terceros, los habitantes de La Ceibita 3 mantienen su postura: no pagarán por un servicio que no llega a sus grifos. El desenlace de esta pugna administrativa será clave para definir si se sientan precedentes sobre la responsabilidad de las prestadoras frente a comunidades rurales en Córdoba.
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