El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) lanzó una dura advertencia sobre el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026, presentado por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Según el análisis del centro de pensamiento, el presupuesto propuesto, por $556,9 billones, es fiscalmente inviable y oculta una brecha de sostenibilidad de $55,8 billones.
“El Presupuesto General de la Nación para 2026 es fiscalmente inviable”, advierten los analistas del ICP, al señalar que su viabilidad depende de una reforma tributaria futura e incierta por $26,3 billones. Además, consideran que las proyecciones de recaudo están sobreestimadas y que se requiere revertir la reciente expansión del gasto primario.
Entre los ajustes sugeridos por el instituto están: no acudir a una nueva reforma tributaria, establecer proyecciones de recaudo más realistas (con un ajuste estimado de $11,3 billones) y frenar el crecimiento del gasto público ($18,2 billones). También cuestionan la activación de la cláusula de escape por tres años, que permitirá un déficit fiscal del 7,1% del PIB en 2025, nivel comparable solo con épocas de crisis profunda.
La preocupación por el manejo fiscal también fue compartida por el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, quien planteó preguntas clave: “¿Puede Colombia aprobar un incremento de presupuesto general de la nación que lo lleve hasta $556,9 billones? ¿Es razonable seguir aumentando el gasto del Gobierno Nacional Central?”.
El ICP también alertó que se está erosionando la base tributaria formal mientras se promueven actividades informales, lo que hace inviable la meta de recaudo. “Con un 55% de la ocupación en la informalidad y un 40,8% de trabajadores por cuenta propia, es contradictorio esperar un mayor recaudo de una base de contribuyentes formales cada vez más reducida”, señala el informe.
Finalmente, el instituto denunció que el gobierno estaría recurriendo a deuda pública para financiar gasto corriente, amparado en artículos como el 74 del proyecto, que autoriza al Ministerio de Hacienda a emitir bonos para cubrir las obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), lo que representa, según el ICP, un riesgo para la sostenibilidad fiscal del país.
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