Como si el país no cargara ya suficientes heridas abiertas, una nueva propuesta del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ha removido el alma de miles de víctimas que aún esperan justicia.
El borrador de un proyecto de ley propone que capos y criminales condenados por delitos graves puedan acceder a la libertad condicional si ya han cumplido más de cinco años de prisión.
Para muchos, este posible beneficio no solo es un golpe a la memoria de quienes sufrieron la violencia, sino también un mensaje peligroso para el presente: que el crimen sí paga, si se entrega algo a cambio.
El documento establece que estos beneficios aplicarían para quienes hayan sido condenados antes del 31 de diciembre de 2026, y que la entrega de bienes y armas ilegales será una de las condiciones para acceder a la excarcelación.
Aunque desde el Gobierno aseguran que se trata de una medida para descongestionar las cárceles y promover la justicia restaurativa, para otros no es más que una puerta trasera hacia la impunidad.
En los barrios, en los campos, en las ciudades donde la violencia aún retumba, muchos se preguntan si este proyecto piensa más en la comodidad de los verdugos que en la dignidad de las víctimas.
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