El presidente de la República, Gustavo Petro, ha generado una fuerte controversia en el ámbito político y judicial al reaccionar con vehemencia a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que este martes declaró improcedente la tutela que aseguraba la consulta interna del Pacto Histórico.
La determinación judicial, que de facto cancela la votación programada para el 26 de octubre para elegir al candidato presidencial de la coalición, fue interpretada por el mandatario como un ataque frontal al proceso democrático de su movimiento.
Minutos después de conocerse el fallo que invalidó el mecanismo de participación popular impulsado por su coalición, el presidente Petro utilizó su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter) para lanzar una dura crítica que señala a sus contradictores políticos.
En un trino contundente, Petro afirmó:
«Esto es un sabotaje a la democracia. Estamos ante un intento de la derecha de impedir que el Pacto Histórico actúe en la vida política legal de Colombia. Son dictadores los que impiden que la Constitución se aplique»
El mensaje presidencial no solo acusa de «sabotaje» el fallo, sino que utiliza el término «dictadores» para referirse a quienes, desde su perspectiva, estarían instrumentalizando la justicia para obstaculizar la elección de un candidato presidencial a través de las urnas.
La reacción de Petro subraya su insistencia en que el Pacto Histórico elija a su aspirante por medio de una consulta popular abierta, un mecanismo que el presidente ha defendido como la manera más democrática y transparente para consolidar la candidatura de la izquierda. Esta postura contrasta con la propuesta interna de algunos sectores del Pacto de usar encuestas o designar al candidato por consenso.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá deja al Pacto Histórico en una encrucijada, forzando a sus directivas a buscar rápidamente un nuevo mecanismo, mientras el presidente Petro mantiene la presión pública y política para que prime la voluntad de las bases y no las decisiones cupulares, elevando la tensión entre el Gobierno y ciertos estamentos del poder judicial.
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