Petro ordena licitación anticipada para Canal 1

Bogotá, 16 de agosto de 2025 — En una decisión que ha generado sorpresa en el sector de medios, el presidente Gustavo Petro ordenó al ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Julián Molina, iniciar el proceso de licitación para el Canal 1, a pesar de que la concesión actual está vigente hasta el año 2037.

Según el mandatario, el objetivo es que el canal se convierta en “propiedad de la sociedad colombiana”, con contenidos que reflejen la cultura nacional y promuevan la paz. Petro también subrayó que el canal no será entregado a capital extranjero, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución.

Un modelo cooperativo y ciudadano

La propuesta presidencial contempla que el Canal 1 sea operado por cooperativistas y periodistas, evitando su concentración en grandes grupos económicos. Esta visión apunta a una mayor pluralidad informativa y a fortalecer el papel de los comunicadores como actores sociales.

Reacción del concesionario actual

Ramiro Avendaño, presidente del Canal 1, manifestó su sorpresa ante el anuncio. Recordó que la concesión fue otorgada en 2016 a Plural Comunicaciones, con vigencia hasta 2037, y que la propiedad del canal es 100% colombiana. “Nuestra operación cumple con todos los requisitos legales y constitucionales”, afirmó Avendaño, quien pidió claridad sobre los alcances de la decisión.

Un canal con amplia presencia

Canal 1 es un medio comercial del Estado que actualmente alcanza una audiencia de 13 millones de personas y supera los 15 millones de seguidores en redes sociales. Su programación incluye noticias, entretenimiento y contenido cultural, con una presencia significativa en el ecosistema digital.

¿Qué sigue?

La orden presidencial abre un debate sobre el futuro de los medios públicos y privados en Colombia, y plantea interrogantes sobre la legalidad, viabilidad y propósito de una licitación anticipada. Mientras el gobierno defiende la medida como una democratización del espectro televisivo, los actores del sector piden garantías jurídicas y transparencia en el proceso.


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