Un nuevo cruce de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez reavivó el debate sobre la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la búsqueda de verdad en torno al conflicto armado colombiano.
Durante una intervención reciente, el jefe de Estado planteó la posibilidad de que Uribe se someta voluntariamente a la JEP, a pesar de que este tribunal no tiene competencia directa sobre expresidentes. Según Petro, el expresidente podría contribuir a esclarecer hechos del conflicto armado y aportar a la verdad que, aunque dolorosa, podría conducir a la reconciliación nacional.
“A la JEP puede ir Uribe Vélez y entregar a Colombia una verdad que, aunque dolorosa, puede ayudar a salir definitivamente de la violencia. […] Toda sociedad humana está preparada para la verdad. La verdad, la justicia y la reparación de las víctimas es el camino de la paz”, expresó el presidente Petro.
La propuesta generó inmediata reacción por parte de Uribe, quien utilizó su cuenta en la red social X para responder con contundencia y críticas personales.
“Cuando usted renuncie al indulto por el cual yo voté, aclare el dinero que recibió en oscuras bolsas, se haga un examen toxicológico, y cuando Juan Manuel Santos le pida a los americanos que publiquen el dossier de Odebrecht, tendrá usted por lo menos algo de honor para tan siquiera poder hacer esa sugerencia”, escribió el exmandatario.
Este pronunciamiento es el primero de Uribe tras conocerse el sentido del fallo en su contra por parte de la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, quien lo declaró culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal.
La propuesta de Petro también tuvo eco en el Congreso. Desde el Pacto Histórico, el representante Gabriel Becerra respaldó la idea y destacó los beneficios que la JEP ofrece dentro de la justicia transicional:
“Si el doctor Uribe decide solicitar su participación, sería un gran aporte a la verdad de este país. […] No necesitamos llenar más las cárceles de políticos, necesitamos justicia”.
Sin embargo, desde el Centro Democrático, el representante Christian Garcés criticó la iniciativa y la calificó como una estrategia de persecución política:
“El sueño de la izquierda ha sido que con los acuerdos de La Habana y la JEP se persiga al expresidente Uribe. […] No creemos en la manipulación de la justicia”.
El cruce de opiniones ocurre en un momento crucial para la historia política y judicial del país, luego del histórico fallo que por primera vez declara responsable a un expresidente de la República por delitos cometidos fuera del ejercicio del cargo.
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