El presidente Gustavo Petro ordenó que el oro incautado al narcotráfico, bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), sea destinado a financiar atención médica para niños heridos en Gaza. La medida, presentada como un gesto humanitario, generó una fuerte controversia política.
La senadora María Fernanda Cabal calificó la decisión como un “disparate” y anunció que interpondrá una demanda para impedir la salida del oro del país, argumentando que el Gobierno debe priorizar las crisis internas de salud y pobreza.
Analistas advierten que la iniciativa podría tener implicaciones diplomáticas y legales, ya que no está claro el marco jurídico que permitiría transferir bienes incautados al extranjero. Hasta ahora, ni la SAE ni la Cancillería se han pronunciado oficialmente sobre el tema.
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