Cereté, Córdoba. El Hospital San Diego atraviesa una profunda crisis administrativa que ha generado alarma entre trabajadores y ciudadanos. Según información conocida por este medio, lo que parecía una gerencia provisional ha tomado tintes de control absoluto bajo la dirección de Miguel González, quien estaría tomando decisiones que afectan directamente al personal y la operación del centro médico.
Entre las medidas más polémicas se encuentra una presunta “masacre laboral”, con contratos reducidos a un mes y prorrogados sin garantías. A los vigilantes se les habría retirado la dotación de armamento, supuestamente para reducir costos, y se rumora un inminente recorte en el personal de seguridad. Actualmente, la empresa encargada de este servicio es Vipper.
Además, trabajadores contratados por OPS (Orden de Prestación de Servicios) reportaron haber recibido su pago este jueves, en medio de un ambiente de incertidumbre. La situación se agrava ante la proximidad del periodo electoral, lo que ha despertado temores sobre el uso político de la institución, que ya enfrenta un déficit financiero y deudas acumuladas desde 2016.
La comunidad médica y usuarios del hospital se preguntan qué futuro le espera a esta entidad, vital para la salud pública en Cereté, en medio de decisiones que parecen poner en riesgo su estabilidad operativa y humana.
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