El proyecto fue aprobado en el Congreso sin discusión en el Senado, lo que podría invalidar su trámite ante la Corte Constitucional.
Aunque el Gobierno Nacional celebró con entusiasmo la aprobación del Presupuesto General de la Nación en las plenarias de la Cámara y el Senado, lo que evitó que tuviera que ser expedido por decreto, el documento, que ahora espera la sanción presidencial, podría no superar el examen de la Corte Constitucional.
El principal motivo que podría llevar a que la norma sea declarada inexequible está relacionado con la forma en que se aprobó en el Senado, donde se acogió en bloque el texto aprobado por la Cámara de Representantes, sin abrir espacio a ningún tipo de debate. Este procedimiento podría constituir un vicio de forma.
Se trata de una situación similar a la ocurrida con la reforma pensional, cuando la Cámara adoptó el texto que ya había sido aprobado por el Senado sin discutirlo. En ese caso, la Corte Constitucional ordenó devolver el proyecto a la Cámara para que se repitiera la votación y se corrigiera el procedimiento.
“Expone el presupuesto a una nulidad. Llevamos año y medio en la Corte Constitucional sobre la reforma pensional porque a última hora se acogió el texto de la otra Cámara. El Gobierno ha puesto en el mismo riesgo al presupuesto y apropió en segundo debate unas partidas peligrosas”, manifestó la senadora Angélica Lozano.
Después de que la Cámara aprobara el proyecto en plenaria, el Senado hizo lo mismo con 50 votos a favor y 27 en contra, acogiéndose a una proposición presentada por los senadores León Fredy Muñoz y John Jairo Roldán para mantener el mismo texto. El monto fijado fue de $546,9 billones, una reducción de $10 billones frente a lo solicitado inicialmente por el Ejecutivo, aunque persiste un hueco fiscal de $16 billones. Para cubrirlo, el Gobierno necesitaría aprobar una reforma tributaria o incrementar su endeudamiento.
Desde la oposición rechazaron ambas opciones, argumentando que no ha habido un esfuerzo real de austeridad por parte del Ejecutivo y que, por el contrario, muchos de los recursos estarían destinados a financiar campañas políticas afines al Gobierno.
“El Gobierno de Gustavo Petro gasta sin invertir y promete sin cumplir. Piden más recursos, pero sectores clave como vivienda y transporte, que movilizan el empleo formal, son los más castigados”, manifestó el senador Enrique Cabrales.
Otro de los puntos que podría terminar en la Corte tiene que ver con una posible inclusión irregular denunciada por el expresidente del Senado, Efraín Cepeda. Según el congresista, el Gobierno incorporó un artículo que no fue discutido en comisiones y que permitiría usar recursos del sistema pensional para gastos de funcionamiento.
“Peligrosísimo. Es un artículo que pretende disponer de las pensiones de los colombianos. A aquellos que están ad portas de pensionarse se les puede hacer un grave daño y a los que no también. Es una puerta abierta para que eso se vaya por el hueco negro del derroche a manos llenas del gobierno Petro”, manifestó Cepeda.
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