La Procuraduría General de la Nación puso bajo revisión el manejo operativo del embalse de Urrá como uno de los factores que habrían podido desencadenar o intensificar la emergencia por inundaciones en el departamento de Córdoba.
El procurador general, Gregorio Eljach, indicó que existen indicios preliminares según los cuales la liberación de agua pudo haberse gestionado de manera tardía. No obstante, precisó que dicha hipótesis deberá comprobarse con rigor técnico y probatorio antes de adoptar decisiones formales.
La actuación disciplinaria se encuentra en etapa probatoria y bajo reserva, lo que impide divulgar detalles sobre las diligencias en curso. Sin embargo, el jefe del Ministerio Público subrayó que los elementos recaudados hasta ahora justifican avanzar con celeridad para determinar eventuales responsabilidades dentro del plazo de 30 días que anunció públicamente.
El procurador también dejó abierta la posibilidad de vincular a otras autoridades del orden nacional si se demuestra una relación directa entre su gestión y la magnitud del desastre. En ese contexto, Urrá —por su naturaleza predominantemente pública— está sujeta al control disciplinario del ente de control.
La investigación cobra especial relevancia ante la pregunta aún sin respuesta oficial sobre si la tragedia pudo haberse evitado. La Delegatura correspondiente evaluará si existieron fallas por negligencia, omisión o decisiones tardías que hayan contribuido a la pérdida de vidas humanas y a los cuantiosos daños materiales registrados en Córdoba.
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