La Procuraduría General de la Nación confirmó lo que muchos sospechaban: la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 no solo violó los topes de gasto establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), sino que también omitió pagos clave y manipuló reportes contables. Todo esto habría ocurrido con conocimiento y dirección de los altos responsables financieros de la campaña.
El caso involucra directamente a Ricardo Roa Barragán, entonces gerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol. Según el informe de la Procuraduría, la campaña superó el tope de la primera vuelta por $154.262.381, al no incluir una factura por $356 millones. Con ese monto, el gasto total alcanzó los $28.690 millones, sobrepasando el límite de $28.536 millones fijado por la autoridad electoral.
El informe no se queda ahí. También señala responsabilidades de Lucy Aydee Mogollón Alfonso, tesorera; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores de la campaña del Pacto Histórico. Todos ellos habrían sido parte de un esquema para encubrir gastos y ocultar el verdadero flujo de dinero durante el proceso electoral.
Uno de los hechos más graves ocurrió el 19 de junio de 2022, durante un evento en el Movistar Arena. El acto costó en realidad $250 millones, pero solo se reportaron $150 millones al CNE. Los $100 millones restantes fueron pagados por la empresa ServiRed SAS, sin que fueran incluidos en los informes oficiales.
Durante la segunda vuelta presidencial, aunque el tope no fue excedido, la Procuraduría identificó más irregularidades. Se omitió el reporte de un préstamo otorgado por el Partido Polo Democrático, que luego fue eliminado del informe bajo el argumento de que había sido reemplazado y pagado. Esa maniobra, según el ente de control, “distorsionó la realidad económica de la campaña”.
Además, se detectó la contratación irregular de testigos electorales a través del movimiento Colombia Humana, cuyos pagos tampoco fueron reportados. Según la Ley 996 de 2005, este tipo de gastos, aunque no corresponden directamente a la campaña activa, deben registrarse en los reportes financieros.
También se señaló el aporte de organizaciones como Fecode y la USO, cuyos fondos no fueron canalizados a la cuenta oficial de la campaña. En cambio, se usaron directamente sin conocimiento ni autorización de los responsables financieros, lo que impidió su correcta declaración ante el CNE.
La Procuraduría concluyó que hubo desconocimiento del régimen de topes, omisión de pagos y falta de transparencia contable. Como sanción, propuso una multa del 1% de los recursos públicos entregados para la primera vuelta, es decir, $154.262.381, y exigió la devolución de ese dinero al Estado.
Por ahora, ni el presidente Petro ni Ricardo Roa se han pronunciado frente al informe que pone en entredicho la legalidad del manejo financiero de su campaña.
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