En Montería, la ciudadana Melissa Plaza, usuaria del régimen contributivo de Nueva EPS, ha denunciado públicamente una grave situación de desatención médica, a pesar de contar con una tutela fallada a su favor que ordena la autorización inmediata de una cirugía reconstructiva de mamas.
Melissa, quien ha sido paciente de psicología durante tres años por problemas derivados de obesidad severa, logró perder 22 kilos, lo que le ocasionó una atrofia mamaria que requiere intervención quirúrgica. Desde diciembre de 2024 tiene la orden médica para realizarse una mastopexia y mamoplastia de aumento con dispositivo, pero la EPS no ha autorizado el procedimiento, alegando falta de contratación con la Clínica Montería, donde debía ser atendida.
La afectada relata que ha sido enviada repetidamente a la sede de la calle 34, donde le dicen: “No tenemos contratación, vuelva después”. Incluso con una cita agendada con la cirujana plástica, fue rechazada en la clínica, y la trabajadora social Elba Almanza le habría confirmado que Nueva EPS no tiene convenio vigente desde hace meses, lo que imposibilita cualquier atención.
Melissa ha interpuesto denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Superintendencia de Salud, esta última priorizó el caso, pero no ha habido avances concretos. “Se están burlando de mí. Tengo una tutela ganada, pero no respetan ni la ley ni mi salud”, afirma con indignación.
La sentencia judicial exige a Nueva EPS autorizar de forma inmediata la cirugía reconstructiva, garantizar el seguimiento médico y psicológico, y proteger los derechos fundamentales de la paciente. Sin embargo, el incumplimiento persiste, dejando a Melissa en una situación de vulnerabilidad física y emocional.
Este caso refleja una preocupante falla estructural en el sistema de salud, donde ni las órdenes médicas ni las decisiones judiciales parecen suficientes para garantizar el acceso oportuno a tratamientos necesarios.
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