En un ataque de rabia y motivado por el odio a la prensa crítica de su gestión, el secretario de Gobierno de Ayapel, Córdoba, Jorge Rojas, persiguió en su moto al reconocido periodista de Ayapel, Luis Suárez, y lo agredió en repetidas ocasiones con patadas y puños, ocasionando además, afectaciones en su teléfono celular y en su motocicleta.
Actuando como un ciudadano de la más baja calaña, con actitud malévola y perversa, el secretario de gobierno también intimidó al periodista en el lugar, diciendo que estaría dispuesto a pagar las indemnizaciones por las afectaciones que le causara y que lo haría con gusto.
Jorge Rojas es abogado de profesión, es conocedor de las leyes, sin embargo, con su comportamiento antisocial vulnera las normas, deja en evidencia su actitud incompetente y su poca capacidad para afrontar las dificultades de su cargo.
Además, el funcionario desconoce los principios éticos y morales como persona y profesional del derecho, por lo que su actuar debería ser notificado ante Control Interno para que se le abra un proceso enmarcado en la agresión física propinada al periodista y pueda escalar ante la Procuraduría.
Sumado a este episodio que atenta contra la libertad de prensa, el secretario de gobierno y el alcalde Hugo Pinedo se burlaron de la agresión a Luis Suárez, cuando son ellos los primeros garantes de este derecho en el municipio. El alcalde pareciera cómplice del repudiable momento y agrede también a la prensa con sus mensajes de odio.
“Mi querido doctor, le faltó darle una (trompada) más duro por mí para que por fin aprenda a respetar “, escribió el alcalde en sus redes sociales. Esta actitud demuestra también la poca ética del alcalde y el irrespeto por la prensa, todo lo contrario al comportamiento ideal y normativo que debería tener.
El periodista Luis Suárez anunció que mañana el caso será denunciado ante la Fiscalía, Fundación para la Libertad de Prensa y se interpondrá la querella ante la Personería Municipal.
Recordemos que los funcionarios públicos y los ciudadanos tienen recursos formales para interponer querellas, solicitar rectificación de información y denunciar casos de vulneración de derechos fundamentales, evitando así resolver problemas por las vías de hecho.
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