“Todo se encarece”, empresario Mario Hernández tras aumento del mínimo

El anuncio del presidente Gustavo Petro de incrementar el salario mínimo para 2026 en un 23,7 % continúa generando reacciones en el sector empresarial. Una de las voces más visibles fue la del empresario Mario Hernández, creador de una de las marcas de marroquinería más importantes del país, quien expresó su preocupación por los efectos económicos de la medida.

A través de su cuenta en la red social X, Hernández cuestionó el aumento al considerar que no está respaldado por un crecimiento equivalente en la productividad. Según el empresario, un ajuste de esta magnitud “hace perder competitividad” y termina impactando directamente en la inflación. “Cuando el salario mínimo sube 23,7 % sin productividad detrás, se pierde competitividad y se sube la inflación”, afirmó.

El empresario advirtió además que en Colombia muchos bienes y servicios están indexados al salario mínimo, por lo que un incremento elevado se traduce en un aumento generalizado de precios. “Todo se encarece”, señaló, al advertir que los efectos podrían sentirse casi de inmediato en los distintos mercados.

Las declaraciones de Hernández se suman a las de varios gremios empresariales que han calificado el incremento como “peligroso” y de tinte populista, en un contexto marcado por el inicio del calendario electoral de 2026.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, afirmó que la mesa de concertación salarial fue “una farsa y una burla” y advirtió que la decisión podría traer consecuencias graves para el empleo, afectando especialmente a los trabajadores que se busca beneficiar.

En la misma línea, el presidente de la Andi, Bruce Mac Máster, señaló que un aumento de esta magnitud genera riesgos significativos para los hogares y la economía colombiana, particularmente por su impacto en la inflación, el precio de bienes y servicios, el empleo y las finanzas públicas. “La inflación es una de las variables que más afecta a los ciudadanos más vulnerables”, enfatizó.

Mientras el Gobierno defiende el aumento como una medida de justicia social y fortalecimiento del poder adquisitivo, el sector empresarial insiste en que el impacto podría ser adverso si no va acompañado de mayores niveles de productividad y crecimiento económico sostenible.

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