Una nueva crisis humanitaria amenaza a decenas de familias campesinas en el sur de Córdoba. El Tribunal de Restitución de Tierras de Antioquia ordenó el desalojo de 55 núcleos familiares asentados desde hace más de una década en la vereda San Fernando, corregimiento de Aragua, municipio de Valencia. La decisión, que deberá ejecutarse el próximo 15 de julio, ha encendido las alarmas en organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos, que califican la medida como una revictimización.
Los campesinos afectados, víctimas del conflicto armado, llegaron a estas tierras entre hace 10 y 15 años, luego de comprarlas a antiguos beneficiarios del INCORA. Desde entonces, han vivido de la agricultura y la ganadería, cultivando yuca, arroz, maíz, plátano y cacao, además de criar ganado como única fuente de ingreso para sus familias.
El conflicto jurídico surgió tras una reclamación presentada por Lázaro García, quien vendió hace más de 30 años las 398 hectáreas en disputa al extinto INCORA. Años después, García solicitó ser reconocido como víctima del conflicto ante la Unidad de Restitución de Tierras. Aunque el tribunal le concedió una compensación económica, también ordenó que las tierras regresaran al Fondo de Restitución, afectando directamente a las familias que hoy las ocupan.
“El tribunal reconoció a García como víctima, pero deja sin tierra y sin sustento a otras víctimas, que llegaron de buena fe y han trabajado esas parcelas durante años”, denuncia Elvira del Carmen Negrete Vázquez, lideresa de la organización Víctimas Revictimizadas. Señala que muchos de los actuales ocupantes no tienen escrituras formales, ya que en el entorno rural son comunes los acuerdos verbales o compraventas informales.
Además, explica que gran parte de los beneficiarios originales, provenientes de Montería, abandonaron las tierras por la dificultad de adaptación a la zona, y que los actuales campesinos adquirieron las parcelas legalmente dentro de ese contexto. “Hoy, mientras García recibe dinero del Estado, estas familias son desalojadas como si fueran invasoras. Eso no es justicia”, afirma.
La comunidad ha solicitado la intervención de instituciones estatales para revisar la decisión judicial, proteger los derechos de los campesinos y evitar un desalojo que dejaría a más de 200 personas sin hogar ni medios de vida.
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