La inscripción del comité promotor de una Asamblea Nacional Constituyente, impulsada por sectores cercanos al Gobierno del presidente Gustavo Petro, reactivó el debate político en Colombia y generó reacciones divididas entre líderes y partidos.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó la iniciativa y la calificó como una estrategia electoral. En su pronunciamiento, afirmó que se busca cambiar la Constitución de 1991, la misma que —según recordó— fue solicitada, escrita y aprobada con la participación del movimiento M-19. En la misma línea, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia aseguró que es necesario defender la Carta Política vigente y advirtió sobre posibles riesgos para la democracia.
Durante la inscripción del comité, que contó con el acompañamiento del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, el representante a la Cámara Christian Garcés sostuvo que promover una Constituyente no es negativo en sí mismo, pero cuestionó que el Gobierno la justifique con un supuesto bloqueo institucional. A su juicio, el Congreso y las cortes han actuado conforme a la ley al frenar iniciativas que consideran inconvenientes o financieramente inviables.
Desde sectores que respaldan la propuesta, especialmente la bancada del Pacto Histórico, se defendió el proceso. El representante Gabriel Becerra señaló que la iniciativa busca abrir un camino democrático para que la ciudadanía participe en la deliberación sobre el país que se necesita, y no imponer decisiones desde el poder.
El presidente Gustavo Petro también se pronunció y aseguró que el pueblo no debe permitir que se le quite la posibilidad de transformar a Colombia y avanzar hacia el progreso. En contraste, la senadora Angélica Lozano rechazó la propuesta y la comparó con el proceso constituyente de Chile, señalando que la Constitución de 1991 debe ser respetada.
Finalmente, el representante a la Cámara Alejandro Ocampo defendió la Constituyente como una oportunidad para abordar problemas estructurales del país, como la corrupción, la reforma a la justicia y el narcotráfico, argumentando que es necesario fortalecer la transparencia del sistema judicial y la confianza ciudadana en sus decisiones.
Se el primero en dejar un comentario