En Montería continúa creciendo el malestar por el caso de Juan Esteban López Sevilla, uno de los estudiantes con mejores puntajes en las pruebas Saber 11 en la ciudad, quien quedó por fuera del ingreso a la Universidad de Córdoba pese a tener derecho a una beca del 100% por mérito académico.
Juan Esteban, egresado del Liceo Guillermo Valencia, obtuvo el tercer mejor promedio de su institución, recibió doble titulación con el SENA y fue distinguido con un computador, una medalla y un reconocimiento por su excelencia en lectura crítica. Con estos logros, su acceso a los beneficios educativos debería ser inmediato y garantizado, tal como lo establece la ley.
Pero la realidad que encontró fue otra. Según denuncia la madre del joven, al acudir a la Alcaldía de Montería para gestionar el ingreso y formalizar la beca, la funcionaria encargada, Linda Enis, les informó que el estudiante “no podrá ingresar este semestre” porque existen jóvenes con “preferencias”. Una explicación que contradice completamente los criterios legales del sistema educativo, basado exclusivamente en el mérito.
La indignación aumenta porque ninguna autoridad ha dado respuesta. Ni la Alcaldía de Montería, dirigida por Hugo Kerguelén, ni la Gobernación de Córdoba, en cabeza de Erasmo Zuleta, ni la Universidad de Córdoba han intervenido para revisar el caso o brindar una solución.
La madre asegura que ha intentado comunicarse directamente con el mandatario municipal, pero el alcalde Kerguelén no la atiende ni responde a sus mensajes, algo que según afirman numerosos monterianos, ya es común. Muchos habitantes recuerdan que durante su campaña el hoy alcalde recorría los barrios más populares, abrazaba a la gente y se sentaba a escuchar sus problemas; pero hoy, señalan, “ni por el sur lo han vuelto a ver”.
A este reclamo ciudadano se suma el de varios periodistas locales, quienes aseguran que el mandatario los deja esperando horas durante los eventos oficiales y frecuentemente evita responder preguntas sobre situaciones sensibles de la ciudad.
Mientras tanto, el caso de Juan Esteban podría constituir una vulneración del derecho fundamental a la educación, protegido por la Constitución, la Ley 115, la Ley 30 y múltiples sentencias de la Corte Constitucional que prohíben decisiones arbitrarias que desconozcan el mérito de un estudiante.
El silencio institucional sigue siendo la constante. Y la pregunta que se hacen muchos padres, docentes y ciudadanos es inevitable:
¿Cómo puede quedar excluido un estudiante ejemplar por criterios que la ley no reconoce?
¿Y dónde queda el derecho a la educación que el Estado dice proteger?
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